Tras cuatro años de debates, el nuevo Pacto de Toledo llega el jueves 19 de noviembre al Pleno del Congreso, para votar la renovación de sus recomendaciones, junto a los votos particulares emitidos por algunos partidos, y que servirán para orientar la reformar del sistema público de pensiones.

Las recomendaciones de la comisión encargada de renovar el Pacto salieron adelante con los votos del PSOE, PP, Unidad Podemos, Ciudadanos, Junts, PNV y Coalición Canaria, y la abstención de Esquerra Republicana y EH-Bildu. Solo Vox voto en contra.

Los votos particulares

Sin embargo, estas nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo llegarán con votos particulares y enmiendas por parte del PP, Ciudadanos, ERC y Bildu.

El PP pide la supresión de la crítica recogida a la gestión de los planes privados de pensiones, que pedía más transparencia, así como apoyar los mecanismos de ahorro individual con más incentivos y no «eliminar» ni «reducir» sus deducciones fiscales.

Por su parte, Ciudadanos presentó dos votos; uno para proponer más incentivos a la jubilación activa y acabar con las penalizaciones sobre la pensión, y otro para profundizar los incentivos y sentar «las bases de un verdadero sistema universal de previsión social complementaria de la Seguridad Social, dirigido a todos los trabajadores en activo, por cuenta propia y ajena, durante toda su vida laboral».

La formación naranja evita llamar a su propuesta «mochila austriaca», pero sí reconocen que sería compatible con este modelo de aportaciones, basado en la acumulación de dichas aportaciones durante toda la vida laboral del trabajador, con posibilidad de rescatarlas en momentos de desempleo o como un complemento a la jubilación.

Por otro lado, ERC y Bildu exigen derogar las reformas laborales y de pensiones, suprimir todo el punto dedicado a los sistemas complementarios, proponen como referencia para las pensiones mínimas el 90% del SMI, que jubilarse por encima de los 65 años sea voluntario, destopar la base máxima de cotización, calcular la base reguladora de la pensión en base a los 20 mejores años de la vida laboral y que el Estado condone la deuda contraída por la Seguridad Social, debida a los gastos impropios que esta ha asumido en los últimos años.

Finalmente, Más País y Compromís piden la eliminación de las penalizaciones a toda persona jubilada de forma anticipada que haya cotizado 40 o más años, fijando una nueva pensión en función de su base contributiva y años cotizados. Y el BNG ha presentado una serie de medidas como la jubilación a los 65 años, una pensión mínima al 60% del salario medio, calcular la pensión en base a los 10 mejores años de cotización y destopar las bases máximas.

Principales aportaciones del nuevo Pacto de Toledo

Estas recomendaciones del nuevo Pacto de Toledo incluyen además una primera recomendación «cero» con los principios básicos para el sistema público de pensiones, señalando, además, la necesidad de adaptar la financiación del sistema para poder protegerlo, y recomienda acompañar las cotizaciones sociales de otras vías para poder asegurar su sostenibilidad en el futuro.

Además, también se recupera el IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, así como un plan de saneamiento de las cuentas, basado en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios, para que en 2023 esa factura sea asumida por los Presupuestos Generales del Estado, medida que ya está comprometida por el Gobierno para las cuentas públicas de 2021.

Así mismo, también se alude a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central, sustituyéndolos por transferencias y evitar así endeudar al sistema.

El Pacto también asume la ampliación introducida por la reforma de 2011 para que los años necesarios para calcular la pensión lleguen a 25 en 2022, aunque apuesta por que se pueda realizar el cálculo eligiendo los mejores años, para evitar lagunas de cotización que puedan afectar a la cuantía de la pensión.

El Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización. Así, el Pacto emplaza al Gobierno para qué evalúe qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones y a presentar sus propuestas al Pacto para aquellos supuestos de inequidad.

Respecto a los planes complementarios, la apuesta del Pacto está en los planes de empresa y llama a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, además de proponer mejoras fiscales y legales para estos sistemas.

Finalmente, también se reconoce a través de una de las recomendaciones el impacto que la digitalización de la economía tendrá sobre el sistema y la necesidad de hacer frente a los cambios que sobre el empleo y los ingresos del sistema público de pensiones tendrán los avances tecnológicos, subrayando la necesidad de encontrar mecanismos que aseguren la financiación de la Seguridad Social aparte de las cotizaciones sociales.

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