Con el final del estado de alarma y la reapertura de muchos centros de trabajo, se prevé un aumento de las inspecciones de trabajo para comprobar la legitimidad de los ERTE en aquellas empresas que todavía están afectas por estos.

El pasado 21 de mayo finalizó el estado de alarma y a los centros de trabajo que habían retomado su actividad durante las fases de desescalada, se unen ahora aquellos que irán abriendo sus puertas en estas primeras semanas de la nueva normalidad. Debido a esto, muchos de los ERTE por causa de fuerza mayor que se aplicaron durante los días de confinamiento, dejarán de poder aplicarse, aunque el Gobierno y los agentes sociales todavía están negociando que estos se prolonguen más allá del 30 de junio.

Para asegurarse de la legalidad de los ERTE que aún estén en aplicación, Inspección de Trabajo y la Seguridad Social realizarán inspecciones para comprobar que no se está cometiendo ningún tipo de fraude en la obtención de las prestaciones por desempleo y en las cuotas de la Seguridad Social.

Estas inspecciones de trabajo pueden hacerse a petición del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de Hacienda o de la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS).

Las inspecciones de trabajo se centrarán especialmente sobre los ERTE y su legalidad

Los ERTE a revisión

Para poder agilizar el proceso de tramitación de los ERTE durante el estado de alarma, las comprobaciones que se hicieron no fueron, en su mayoría, tan exhaustivas como en condiciones normales. Por ello, ahora Inspección de Trabajo pondrá su principal foco sobre los ERTE para comprobar que los datos que figuran en la Administración coinciden con la realidad de la empresa que solicitó y a quien le fue concedido el ERTE.

Se analizará si las medidas solicitadas por los empresarios son necesarias y si la información que entregada a las administraciones es veraz y no contiene errores. Estas inspecciones se hacen con el objetivo de perseguir y combatir el fraude y las irregularidades, como, por ejemplo, aquellos trabajadores que estando en situación de ERTE estén acudiendo a su puesto de trabajo cuando no deberían hacerlo.

No olvidemos que mientras el ERTE por causa de fuerza de mayor esté vigente, la prestación de desempleo y las cuotas a la Seguridad Social corren a cuenta del Estado.

En los supuestos en los que se compruebe alguna irregularidad, la ley establece que la responsabilidad directa es de la empresa y sería ella la que tendría que hacer frente tanto a la sanción consecuente, así como a la devolución de las bonificaciones y las cantidades indebidamente percibidas por el empresario o el trabajador.

La obligación de notificar cualquier cambio

Para evitar una posible sanción, es imprescindible que se comunique correctamente ante el SEPE y el TGSS cualquier modificación en las condiciones del ERTE por parte de la empresa; ya sea por desafección total o por cambio de suspensión de empleo a una reducción de jornada. De esta forma se podrá demostrar, en caso de una inspección de trabajo, que las ayudas que todavía estén percibiendo empresa y trabajadores siguen dentro de la legalidad.

Si necesitas ayuda para asegurarte de que tu empresa está cumpliendo la ley o para prepararte ante una posible inspección de trabajo, acude a tu asesoría más cercana y contrata un buen asesor.

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