Conocemos los primeros detalles sobre los planes del Gobierno para la reforma fiscal que se prepara para abordar y poner en marcha en 2023.

La reforma fiscal es uno de los planes más ambiciosos que tiene el actual Ejecutivo y del que finalmente empezamos a conocer más detalles, tras la publicación de las 30 fichas que forman el Plan de Recuperación remitido por el Gobierno a Bruselas hace una semana.

Con el objetivo de acercar e igualar en lo posible los niveles de recaudación de España con los de la eurozona, el Gobierno prepara una batería de medidas que en la práctica supondrán un endurecimiento fiscal, que afectará a todos los contribuyentes en mayor o menor medida.

Subida del impuesto sobre patrimonio, ampliación de las bases máximas de cotización, el impuesto al diésel o la imposición de peajes en las autovías del Estado, son algunas de las medidas que se quieren poner en marcha

Algunas de estas medidas fiscales sobre las que el Gobierno está trabajando actualmente, entrarían en vigor en el primer trimestre de 2023 o, al menos, esos son los planes que tiene el Ejecutivo, que ya ha designado un comité de expertos para que emita sus conclusiones sobre las mismas en un plazo que finaliza a comienzos de 2022.

Impuestos más altos para los grandes patrimonios

Entre las medidas remitidas a Bruselas, está la intención de hacer más progresivo el sistema fiscal actual, de manera que implicará una subida de impuestos sobre los patrimonios más altos.

Así mismo y aunque no entra en detalles concretos, también pone de manifiesto «la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CCAA».

Es decir, el Gobierno quiere armonizar los impuestos a nivel nacional para evitar que algunas comunidades acaben bonificando al cien por cien aquellos tributos que tienen cedidos (como ocurre actualmente con Madrid).

Eliminación de la bonificación por aportaciones a los planes de pensiones privados

También se eliminará el beneficio fiscal que actualmente tienen las aportaciones a planes de pensiones privados de los contribuyentes en el IRPF. El informe encargado a la AIReF considera que esta ayuda no estimula el ahorro y es regresiva.

Esta bonificación se sustituirá por otro beneficio fiscal centrado en los planes de pensiones del empleo, con el objetivo de estimular el ahorro de los trabajadores a través de planes de empresa, que deberán acordarse mediante la negociación colectiva, donde se negociará qué aportación a dichos planes hace cada parte (trabajadores y empresas).

Subida de las bases máximas de cotización

El Gobierno propone adecuar las bases máximas de cotización subiendo las cuotas para los trabajadores cuyos ingresos anuales superen los 2.400 euros al mes, una medida que afectaría a 1,2 millones de contribuyentes.

Esta medida, que entraría en vigor de forma gradual a partir de 2022, será concurrente «con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema».

Sin embargo, el texto no aclara si la subida de la pensión máxima será equivalente a esta subida de las bases máximas de cotización.

Eliminación de bonificaciones y reducciones a la contratación

Dentro de las medidas que se abordarán junto a la reforma laboral, está la eliminación de las bonificaciones y reducciones que actualmente se aplican a la contratación, para redirigir dichos recursos a otras políticas de empleo que sean más eficientes.

No se especifica qué bonificaciones y reducciones se eliminarán, pero sí se señala la necesidad de que estos incentivos se centren «casi exclusivamente» en la contratación de personas desempleadas, «siempre para contratos indefinidos».

Revisión del impuesto de matriculación

Acompañando a los planes de transición ecológica, el Gobierno quiere revisar el impuesto de matriculación para adaptarlo a «estándares medioambientales», lo que implicará acabar con algunos de los beneficios fiscales que todavía existen en España para vehículos contaminantes.

El impuesto de matriculación está cedido a las CCAA, donde la adquisición de vehículos que emiten entre 120 y más de 200 gramos de dióxido de carbono por kilómetro está gravada entre un 4,75% y un 14,75% dependiendo de la comunidad.

Peajes en autovías

Otra de las medidas relacionadas con la reducción de la contaminación y que sin duda dará mucho que hablar, es la introducción de un peaje para las autovías a partir de 2024.

El objetivo que se pretende alcanzar es doble; por un lado establecer un pago por uso y por otro lado, compensar por la externalidad negativa que supone la contaminación.

Esta medida prevé «establecer un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías (…). Para garantizar adecuados mecanismos de financiación para la conservación y mantenimiento del ‘stock’ de infraestructuras con el que está dotado nuestro país».

Impuesto al diésel

Si bien el texto enviado a Bruselas no nombra directamente el impuesto al diésel, sí que menciona una «revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante».

Lo que en la práctica puede suponer la retirada de la bonificación que actualmente tiene el diésel sobre la gasolina en España, lo que implicará la subida del impuesto sobre este carburante.

¿Qué pasa con la tributación conjunta en el IRPF?

Finalmente, la polémica retirada de la modalidad de tributación conjunta del IRPF, que supondría una subida de este impuesto para las familias que actualmente se acogen a ella, no ha llegado a Bruselas. Nadia Calviño, vicepresidenta económica, ha asegurado que la aparición de esta medida en el Plan de Recuperación se trataba de «una errata». Por lo tanto, actualmente no se contempla entre las reformas fiscales que pretende abordar el Ejecutivo en los próximos meses y años.

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