Helena HernándezCuando termina la campaña del IRPF comienza la recaudación a través de las empresas del Impuesto de Sociedades que termina el 25 de julio. En 2018, las arcas públicas ingresaron cerca de 25.000 millones de euros procedentes de este tributo, representando el 12% del total de los ingresos tributarios por lo que, no es de extrañar que el Gobierno tenga en sus planes una reforma.
El Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), han publicado un informe que revela que Hacienda retiene 2.000 millones de más cada año con el sistema de pagos fraccionados. La retención, excesiva para los economistas, tarda en liberarse seis meses lo que se traduce en una mayor presión fiscal sobre la empresa.
Los pagos fraccionados, vigentes desde el 2012 están siendo revisados por el Tribunal Constitucional, y después de que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro elevara en 2016 el tipo de pago fraccionado del 12% al 23% sobre los beneficios empresariales, una compañía denunció esta subida como un modelo para subir la recaudación durante la crisis.
Así mismo, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ve necesario revisar algunos impuestos como el de Sociedades ya que, según sus palabras durante su visita en la UIMP de Santander, la fiscalidad tradicional se adapta cada vez menos a las actividades económicas de hoy en día y al mundo globalizado.
Según Montero, habría que corregir los beneficios y exenciones del Impuesto de Sociedades porque las grandes fortunas están teniendo menor capacidad de aportación que la de la pequeña y mediana empresa, por lo tanto, ya no responde a cómo se mueve la economía en el mundo y hay muchas áreas que no están bien reflejadas.
La ministra también ha comentado que la mayoría de los impuestos deslegitimados, el de Sociedades incluido, están transferidos a comunidades autónomas y a las entidades locales, y que entre los diferentes territorios se está creando una competencia desleal “a la baja”, según sus palabras.
Es por ello que María Jesús Montoro ha sugerido actualizar esas figuras en el siguiente debate de financiación autonómica que se celebre y con demora puesto que es un tema urgente en el que debe haber un consenso y valorar si merece la pena trabajar en una política con armonía.
Básicamente, la ministra Montoro apuesta por una revisión de la totalidad de Sociedades y sus deducciones, de esta manera se evitaría que la gran empresa pague finalmente más que las pequeñas y medianas empresas. Todavía no se ha formado Gobierno, pero sus planes pasan por fijar un tipo mínimo, del 15% en general, y el 18% para la banca y las petroleras, y por reducir hasta el 95%, la exención sobre beneficios de las empresas que tengan filiales en el extranjeros.
Hasta en la Unión Europea entró en vigor un nuevo sistema comunitario para resolver litigios fiscales entre los Estados miembros que buscan agilizar la resolución de sus contiendas legales en torno a la doble imposición.
La exención sobre las empresas con filiales en el extranjero, sumada a la compensación de bases negativas, son el resultado de ese 13% que se han ahorrado las empresas en el Impuesto de Sociedades.
