El pasado miércoles 14 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevó al Congreso el plan de recuperación enviado a Bruselas, en el que se detallan todas las reformas estructurales y las inversiones que planea llevar a cabo el Ejecutivo con los fondos europeos de recuperación, una cifra que se sitúa en los 72.000 millones de euros.

Aunque el documento debatido en el Congreso no entra al fondo de muchas de las medidas planteadas, entre ellas ya podemos ver algunas de las claves de la reforma laboral que prepara el Gobierno y que se discutirá en la mesa del diálogo social entre el Ejecutivo y los agentes sociales.

Reducción de los tipos de contratos a 3 modalidades, regulación de las subcontratas y nuevos instrumentos de flexibilidad interna alternativos al despido y la temporalidad

Las piedras angulares de la reforma laboral

Aunque el documento deja fuera las medidas de la reforma laboral de 2012 que se pretendían derogar en esta legislatura, sí hace referencia a varias reformas que el Gobierno quiere llevar a cabo, con un primer paquete (con las medidas menos polémicas), que pondría en marcha este semestre.

Las claves de esta reforma laboral pasan por la reducción a tres de los tipos de contratos, revisar la regulación de las subcontratas para limitarlas, crear nuevos instrumentos de flexibilidad interna (los nuevos ERTE) como medidas alternativas a los despidos y la alta temporalidad, crear un mecanismo permanente de formación y recualificación de trabajadores durante los procesos de ajuste empresarial, simplificar y racionalizar los incentivos a la contratación y modernizar la negociación colectiva, siendo este último el punto más delicado y que mayor polémica puede suscitar en los próximos meses.

Estable, temporal y de formación

Como decíamos, los tipos de contrato actuales quedarán reducidos a tres. Un contrato estable enfocado al «conjunto de las actividades». Un contrato temporal para «responder a la naturaleza del trabajo». Y un contrato de formación «para la inserción en el mercado laboral».

Además de esta simplificación de las modalidades de contratación, hasta finales de 2021 existirá un mecanismo transitorio de ERTE para impulsar la reincorporación de los trabajadores al mercado laboral. Así mismo, se pretende crear, como decíamos, «nuevos instrumentos de flexibilidad interna alternativos al despido y la alta temporalidad, mediante dos mecanismos de ajuste del tiempo de trabajo ante caídas de la demanda cíclicas o extraordinarias y de acompañamiento de procesos estructurales de transición en sectores en reconversión».

Es decir, se crearán nuevos modelos de ERTE estructurales, que vendrán acompañados de una nueva regulación y un fondo inicial para sufragarlos, financiado por los créditos del fondo europeo.

De manera mucho menos detallada, el documento aborda también otras reformas, en concreto las relacionadas con «la regulación adecuada del teletrabajo, los repartidores de plataformas digitales y las subcontratas, así como la modernización de los mecanismos de negociación colectiva».

Formación y recualificación

Otra de las medidas incluidas en el documento enviado a Bruselas y debatido en el Congreso es la «modernización de los sistemas de casación de oferta y demanda, de las bonificaciones y las políticas activas de empleo». El objetivo es modernizar y digitalizar los sistemas de gestión para poder aplicar inteligencia artificial en el proceso de casación de oferta y demanda y poder garantizar un «itinerario personalizado de formación, reciclaje y empleabilidad para los trabajadores».

Para reducir la temporalidad, aparte del nuevo contrato, también se pretende crear «un mecanismo permanente para la formación y recualificación de trabajadores en procesos de ajuste empresarial», ya sea en momentos de ajustes transitorios por caída puntual y significativa de la demanda, o por ajustes estructurales por procesos de reconversión sectorial. Este mecanismo estaría orientado a la formación y la recualificación de los trabajadores.

Como decíamos, todas estas medidas y reformas se llevarán a la mesa del diálogo social, para negociarlas entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, con el objetivo de alcanzar «soluciones equilibradas que permitan afrontar los desequilibrios existentes sin generar rechazo social y efectos secundarios indeseados». De este diálogo y negociación saldrán lo que deberían ser las bases para el nuevo Estatuto de los Trabajadores.

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