Helena HernándezEl Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los principales sindicatos representantes de los funcionarios firman un acuerdo para articular la forma de las convocatorias para la estabilización de los empleos temporales públicos recogido en la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2019.
Exactamente, los empleados públicos también sufren temporalidad y para estabilizar esos puestos, en los que algunos trabajadores llevan años, se espera la publicación de convocatorias dentro la OEP de 2019. Para articular la forma que tomarán estas convocatorias de estabilización, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y las principales organizaciones sindicales representantes de los funcionarios han firmado un acuerdo, que se publicó el pasado 11 de diciembre.
De las 33.793 plazas aprobadas en la oferta pública de este año, 5.254 suman el total de plazas aprobadas para la estabilización de empleos temporales en la función pública: 2.237 en el ámbito de la justicia, 489 en educación y 2.528 en la Administración General del Estado.
El acuerdo ha sido firmado por parte del Gobierno y por los sindicatos CSIF, CC.OO., UGT y CIG
Pone el acento en la reducción de la temporalidad
El texto que desarrolla el acuerdo pone de manifiesto la necesidad de reducir la temporalidad, convirtiéndolo en uno de los objetivos prioritarios establecidos en materia de empleo público por parte de las diferentes administraciones públicas, así como una condición necesaria para la prestación de servicios públicos de calidad.
Estos procesos de estabilización no supondrán un aumento de gasto ni de efectivos. Y se ha acordado que los procesos selectivos de acceso a la condición de funcionario de carrera se realicen mediante el sistema de concurso-oposición.
Articulación del proceso por concurso-oposición
De manera que un 60% de la puntuación total corresponderá a la fase de oposición y el 40% procederá de la fase de concurso. La fase de oposición y cada una de las pruebas que la conforman tendrán un carácter eliminatorio y deberán aprobarse cada uno de los ejercicios previstos en las mismas.
Por su parte, la fase de concurso tendrá como finalidad valorar los méritos de las personas aspirantes para la determinación de la nota final del proceso selectivo.
La parte de oposición se convocará tomando como referencia el proceso de promoción interna que exista para el acceso al cuerpo o escala correspondiente. Además, se procurará que esta fase se ajuste a los procesos selectivos de ingreso libre con las adaptaciones que resulten necesarias.
En la parte de concurso se establecerán criterios de valoración que tengan en cuenta los servicios prestados en la Administración convocante, además de la realización de tareas en los ámbitos funcionales en los que se requiere más especialización.
Para los procesos selectivos de personal laboral también se utilizará el concurso-oposición y el porcentaje será el mismo que en el caso de los procesos selectivos de personal funcionario.
En el caso del personal laboral del ámbito del Convenio único, los procesos selectivos se convocarán de acuerdo a la clasificación recogida en el IV Convenio Único, con criterios similares a los de la promoción interna.
Para aquellos procesos de estabilización del personal que pertenezca al ámbito de otros convenios colectivos, la convocatoria y resolución de los mismos corresponderá al departamento u organismos que formalizó la contratación de este personal laboral.
En cuanto a la fase de concurso de todos los procesos de acceso a la condición de personal funcionario de carrera, esta consistirá en la valoración de méritos profesionales en un 90% de la puntuación en la fase de concurso, y de méritos objetivos en un 10%.
Se aprobarán plazas a lo largo de 2020
El acuerdo también recoge que las plazas de estabilización que no estén aprobadas en los reales decretos de 2018 y 2019 se publicarán a lo largo de 2020 en un Real Decreto de oferta de empleo público que incorpore estas plazas.
También señala que las plazas objeto de estabilización que no se cubran en una convocatoria se incluirán en convocatorias sucesivas dentro de la misma oferta de empleo público o en posteriores reales decretos.
Finalmente, se ha constituido una comisión de seguimiento para la interpretación y análisis del contenido de este acuerdo, compuesta por dos representantes de las organizaciones sindicales que han firmado el acuerdo y por un número igual de representantes de la Administración
Con retraso
El acuerdo de mejora del empleo público se suscribió el 29 de marzo de 2017 y tenía como objetivo la reducción por debajo del 8% de la tasas de temporalidad del empleo público. Sin embargo, se ha tardo dos años en realizar esta articulación del procedimiento de la estabilización del empleo público. Lo que CSIF achaca a la parálisis política que vive el país.
El acuerdo debe ser ratificado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.
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