Helena HernándezLa nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que la reforma laboral 2020 y la derogación de la reforma laboral de 2012 sigue siendo uno de los planes del nuevo Gobierno y que se llevará a cabo en dos fases.
Una de las primeras promesas del nuevo Gobierno ya se ha hecho realidad, este pasado miércoles 22 de enero se anunciaba la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 €, pero otro de los objetivos del nuevo Ejecutivo es la posible derogación de la reforma laboral de 2012. En unas declaraciones de la actual ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que esta derogación sigue siendo parte de los planes del Gobierno y que se llevará a cabo en dos fases.
El objetivo de la primera fase es suprimir “de inmediato y con urgencia” determinados aspectos de la reforma laboral, como el despido por acumulación de bajas justificadas por enfermedad o aquel que da prevalencia a los convenios colectivos de empresa por encima de los sectoriales. En palabras de la ministra, “hay que reequilibrar la posición de sindicatos y empresarios en la negociación colectiva”.
La ministra también ha recordado que el propio Banco de España dijo que la reforma laboral del PP “no sirvió para crear empleo, sino para devaluar los salarios”.
Redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores es uno de los retos que quiere abordar el nuevo Gobierno para adaptar la ley a la realidad actual
En la segunda fase se elaborará en el marco del diálogo social un nuevo Estatuto de los Trabajadores que se adapte a las nuevas realidades del siglo XXI, donde las relaciones laborales han cambiado; lejos queda la producción en las “grandes fábricas”, que han sido sustituidas mayoritariamente por las pymes y los negocios autónomos, que necesitan un nuevo marco legal que recoja sus particularidades.
El coste del despido será uno de los temas a negociar
La ministra también ha indicado que “merece la pena” que en la negociación de ese nuevo Estatuto de los Trabajadores se redefina todo el marco legislativo, incluido el despido. En esa línea y preguntada sobre la posibilidad de volver a los 45 días por año para la indemnización del despido improcedente, Días ha dicho que el despido es un aspecto “clave” y que “se va a trabajar en el marco del diálogo social”, pero no ha dado un respuesta concreta sobre la posibilidad de encarecer el coste del despido o no (actualmente, la indemnización por despido improcedente es de 33 días por año trabajado).
Aunque según Díaz, no todos los cambios de la normativa laboral tienen por qué venir de la negociación y redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. La ministra ha subrayado que pequeñas modificaciones legislativas pueden ayudar a combatir la actual precariedad laboral, como por ejemplo, devolver la causalidad a los contratos temporales o modificar aspectos de la subcontratación.
