Para la OCDE, las cotizaciones de los trabajadores autónomos suponen una debilidad del sistema de pensiones español y sugieren que deberían cotizar en base a sus ingresos reales. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) responde que el organismo “erra el tiro” al poner el acento en los autónomos, que “cotizan poco y cobran poco de pensión”.

LA OCDE publicó ayer, 27 de noviembre, en París su informe bianual Las pensiones de un vistazo 2019, que en esta ocasión se centraba en el trabajo autónomo y otras formas de empleo poco estable y señaló que el modelo de pensiones públicas de los autónomos en países como España dota de bajas jubilaciones a estos trabajadores, poniendo en cuestión el conjunto del sistema. De acuerdo con el organismo internacional, los autónomos españoles pagan unas cotizaciones más bajas que los trabajadores por cuenta ajena con los mismo ingresos imponibles. Así, una de las propuestas que hace la OCDE es adecuar las cotizaciones a los ingresos reales, puesto que considera que la gran mayoría de autónomos cotiza por debajo de lo que le correspondería.

La patronal de los autónomos en España, ATA, no ha tardado en responder a estas afirmaciones, declarando que la OCDE se equivoca al poner el acento de la problemática de las pensiones sobre las cotizaciones de los autónomos.

“El problema del sistema no son las cotizaciones de los autónomos. Los autónomos cotizan poco y cobran poco” de pensión.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha respondido además que las pensiones tienen “otros problemas de sostenibilidad mucho mayores que este”. A lo que ha añadido que hablar de cotizar por ingresos reales en vez de tener en cuenta los rendimientos netos es “no conocer cómo facturan y funcionan los trabajadores autónomos”.

Los autónomos cobran menos pensión que los trabajadores por cuenta ajena

En España, los autónomos cobran 762 euros al mes de pensión media, frente los 1.284 euros de media de los trabajadores que estuvieron afiliados al régimen general, lo que supone una diferencia del 41% desde el mes de julio pasado.

Según los datos de la OCDE, la pensión de los autónomos representa el 42% de la media de los trabajadores por cuenta ajena, lo que lo convierte en el cuarto peor dato de todos los países miembros de la institución, detrás de Japón, México y Países Bajos. Además, añade, que países como España existe un “alto grado de discrecionalidad en la fijación de la base contributiva”, es decir, que la cuota de autonomos se pueden elegir la base de cotización (algo que los trabajadores por cuenta ajena no puede hacer). Y dos de cada tres autónomos escogen cotizar por el mínimo.

La OCDE señala la necesidad de cambiar el sistema de pensiones

Entre las propuestas y advertencias dadas por la OCDE, está la necesidad de cambiar los sistemas de pensiones en Europa, ya que para el organismo “no están adaptados a las nuevas tendencias del mercado”. La llegada de las nuevas tecnologías y el mundo digital, la globalización, los cambios demográficos y climáticos han creado nuevas profesiones y nuevas relaciones laborales que incluyen trabajadores freelancers, autónomos, empleados a tiempo parcial o con contratos temporales, que deben tenerse en cuenta de cara al funcionamiento del sistema de pensiones, que todavía se rige, en la mayoría de países, por modelos diseñados para “carreras estables y lineales”, en las que un trabajador tenía un solo empleador a lo largo de su vida.

Todo esto lleva a la OCDE a concluir que “el desarrollo de nuevas formas de trabajo podría debilitar las perspectivas de ingresos de las generaciones futuras de jubilados”.

Una población envejecida

El informe presentado por la OCDE también ha alertado el envejecimiento de la población. Según datos de la ONU, para el año 2050 en España habrá 78 personas por encima de 65 años por cada 100 situadas entre los 20 y los 64 años (actualmente la ratio es de 33 por cada 100). Lo que también afectará a las pensiones futuras con menos cotizantes para cubrirlas.

Otro riesgo para el sistema de pensiones señalado por la OCDE es que medidas como el índice de revalorización de las pensiones o el factor de sostenibilidad se hayan quedado en suspenso.

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