Helena HernándezHace unos días se publicaba un pacto firmado entre PSOE, Unidad Podemos y EH Bildu como resultado de las negociaciones para poder seguir prorrogando el estado de alarma hasta el final de las fases de desescalada de las medidas tomadas para combatir la crisis sanitaria del Covid-19, cuyo primer punto ha suscitado muchísimo revuelo.
Literalmente, ese primer punto del acuerdo suscrito por las tres formaciones decía:
“Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular. La derogación deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de las crisis originada por el Covid-19”.
El texto no parecía dejar lugar a dudas con ese de “derogar de manera íntegra la Reforma Laboral de 2012”. Sin embargo, la polémica estaba servida cuando la misma noche del día que se publicaba el acuerdo (20 de mayo), el PSOE enviaba una nota de prensa a los medios en la que se comunicaba la anulación de ese primer punto del acuerdo y decía que el acuerdo quedaba redactado igual que el acuerdo de Gobierno firmado en diciembre por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para crear el gobierno de coalición.
De la derogación total a la derogación parcial
En ese acuerdo de diciembre, no se hablaba de una derogación total de la Reforma Laboral de 2012, sino de una derogación urgente de tres aspectos en concreto, los considerados más lesivos para los trabajadores:
- Derogación de la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad (que ya quedó derogado en febrero).
- La ultraactividad de los convenios colectivos.
- Prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.
El PSOE, pues, sigue apostando por esta derogación parcial de la reforma laboral y argumenta que no se puede derogar de un plumazo una ley laboral, al contrario de lo que dice Unidas Podemos, que insiste en la derogación completa de la misma, lo que supondría anular muchísimas más medidas de las que el PSOE parece dispuesto.
Entre esas medidas que podrían quedar anuladas en caso de una derogación total está la rebaja de las indemnizaciones por despido (el famoso paso de los 45 días a los 33), la ampliación de las causas de despido objetivo o la facilitación de los descuelgues de las empresas de condiciones laborales pactadas en convenio o la modificación unilateral de condiciones por parte de los empresarios, entre otras.
Una derogación “mucho más que urgente”
Siguiendo con lo que dice el acuerdo firmado entre los partidos, esta supuesta derogación total de la reforma laboral se produciría bastante pronto, es decir, cuando finalicen las medidas excepcionales por el Covid-19. Aunque, cierto es que esa redacción da lugar a ambigüedades, puesto no especifica si se refiere a las medidas ya aprobadas, muchas de las cuales finalizan el 30 de junio, o a las que aún pueda aprobarse o prorrogarse.
En cualquier caso, la polémica parece servida, sobre todo teniendo en cuenta que la reacción de la CEOE ante este acuerdo y ese primer punto en concreto, ha sido levantarse de la mesa de negociación del diálogo social con sindicatos y Ejecutivo, en un momento, recordemos, que se están discutiendo o empezando a discutir las medidas económicas y laborales necesarias de cara a la recuperación y reconstrucción económica del país tras las consecuencias provocadas por la pandemia de coronavirus.
Actualmente, parece más posible una reforma laboral parcial que una íntegra, pero deberemos esperar y ver cómo se desarrolla el escenario y las tensiones entre los firmantes del acuerdo.
Julia Fernández