El INE rastreará nuestros móviles durante 8 días. ¿Es legal? ¿Cómo evitarlo?

El pasado 29 de octubre saltaba una noticia que encendía las redes sociales; el Instituto Nacional de Estadística (INE) habría pactado con las principales operadoras de telefonía móvil españolas realizar un estudio sobre la movilidad de los usuarios empleando para ello el rastreo de los móviles e información anónima.

Los tiempos cambian con el uso de las nuevas tecnologías y el INE y sus métodos de recolección de datos para elaborar sus estudios estadísticos parece que también se quieren adaptar a esos cambios y ahora, en vez de recurrir a las encuestas telefónicas de “toda la vida” para saber cómo y a dónde se mueve la gente en determinadas fechas, van a optar por “espiar” nuestros móviles para ello.

Ayer 29 de octubre, salía a luz el acuerdo que el INE habría firmado con las tres principales operadoras en España, Movistar, Vodafone y Orange, para conocer durante ocho días cómo se mueven los españoles a través de nuestros teléfonos móviles. Así, del 18 al 21 de noviembre, el 24 de noviembre, el 25 de diciembre de 2019, y el 20 de julio y el 15 de agosto de 2020 el INE recibiría de las compañías las posiciones agregadas de los números, pero no los nombres de los titulares de las líneas.

La recolección de esta información tiene como objeto, de acuerdo con la escueta nota publicada por el INE, averiguar cuáles son los desplazamientos habituales de la población, para saber dónde prestar servicios públicos y reforzar las infraestructuras. Además, servirá para saber a dónde se desplazan los españoles en vacaciones dentro del territorio nacional.

Las operadoras facilitarán los datos agregados al INE para realizar este estudio

¿Cómo funcionará la metodológica de este “espionaje” de móviles?

Para realizar el estudio, el INE obtendrá de las operadoras recuentos de posiciones de los móviles en áreas de 15.000 habitantes de media. Dividirá el territorio nacional en 3.500 celdas con un mínimo de 5.000 personas en cada una de ellas. Durante los días que dure el estudio, se tomará la posición de los móviles entre las doce de la noche y las seis de la mañana para establecer el lugar de residencia. De manera que entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde se harán mediciones aleatorias para examinar los flujos de personas, de qué celda a qué celda van para trabajar o estudiar o desplazarse en vacaciones.

Las tres compañías telefónicas colaborarán procesando y entregando los datos al INE. De acuerdo con ellas, los datos se proporcionarán agregados, es decir, serán anónimos y, en teoría, imposibles de relacionar con los datos privados de cada usuario.

¿Es legal?

Es la pregunta que desde ayer se hace mucha gente, tal y como demuestra el revuelo que se desató en las redes sociales al conocerse la noticia. ¿Cuánto de legal tiene este seguimientos de nuestros móviles por parte del INE? Es más, ¿acaso no infringe la Ley de Protección de Datos?

Tanto las asociaciones de consumidores como la Agencia Española de Protección de Datos se han pronunciado de manera un tanto escueta ante el asunto. Los primeros han pedido prudencia ante la poca información sobre el estudio que ha publicado por el momento el INE. Y los segundos han pedido más detalles al propio INE, tal y como publicaron a través de su cuenta de Twitter:

La Agencia se ha dirigido al INE solicitando información sobre los protocolos establecidos con las operadoras para la utilización de los datos de los teléfonos móviles con el fin de conocer los desplazamientos de la población.

— Agencia Española de Protección de Datos (@AEPD_es) 29 de octubre de 2019

Y es que, como muchos usuarios hacían constar en la red social, ellos no habían prestado su consentimiento para esta operación. Es decir, para que su operadora ceda datos de su localización a terceros. Pero puede que ahí resida la clave de la legalidad o no de todo el estudio: en teoría el INE no tendrá acceso a datos individuales sobre números de teléfono o titulares de las líneas o, tan siquiera, sobre sus movimientos individuales, sino que serán exclusivamente tablas de datos agregados proporcionados por las operadoras.

Para la OCU no es ilegal el no contar con el consentimiento de los usuarios, ya que “el uso de los datos con finalidades estadísticas está regulado tanto en la ley como en el reglamento comunitario”. El INE tiene atribuidas las competencias relacionados con el ejercicio de la función estadística pública y, dado que la finalidad del uso de estos datos es pública, no podríamos hablar de un uso ilegal de los mismos.

En cualquier caso, el INE, que no ha sido especialmente transparente y claro sobre este estudio por el momento, tendrá que asegurarse del correcto tratamiento de los datos recogidos y que estos, efectivamente, no puedan “desanonimizar” y acabar usándose para fines comerciales (como ocurre con toda la información que recogen sobre nosotros compañías como Google, Apple o Facebook).

Podemos configurar nuestros ajustes de privacidad para que las compañías no compartan nuestros datos agregados con terceros

¿Podemos evitar que los operadores compartan nuestros datos?

De acuerdo con la Ley de Conservación de datos 25/2007, los operadores de telecomunicaciones tienen la obligación de conservar durante 12 meses los datos generados dentro de la prestación de sus servicios, entre esos datos se incluyen los de tráfico y localización. A su vez, según la Ley 9/0214, de 9 de mayo, los operadores están obligados a anonimizar o cancelar esos datos cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisión de una comunicación y/o de facturación o pago.

Pero, ¿quiere eso decir que durante el período que tienen posesión de los datos, puedan compartir estos con terceros? Pues en principio y al tratarse de datos anonimizados (datos que han sido agregados y extrapolados estadísticamente), sí podrían compartirlos sin necesidad del consentimiento del usuario. Entonces, ¿podemos evitar que compartan esos datos con terceros si no queremos? Sí podemos.

En general, la mayoría de los operadores ofrecen mecanismos manuales para solicitar de manera expresa que el operador no ceda datos anonimizados a terceros. Basta con buscar la opción “no compartir mis datos agregados” que las compañías ofrecen a través de sus aplicaciones, normalmente en el apartado de configuración o privacidad.

En Vodafone, por ejemplo, solo tenemos que acceder a la cuenta personal y desde el menú de permisos, activar la opción “No acepto que Vodafone ceda datos anonimizados”.

El Big Data ha venido para quedarse

Sin embargo, debemos ser conscientes de que aunque el rastreo de móviles que va a hacer el INE ha creado un gran revuelo social, no es el primero en hacerlo; como ya hemos comentado un poco más arriba, otras empresas utilizan nuestros datos para realizar diferentes estudios, algunos con fines comerciales, pero otros con objetivos de interés público, como la mejora de servicios de transporte, el estudio de patrones de ciertas enfermedades, la movilidad de población, etc.

El desarrollo de las nuevas tecnologías y el uso del big data como fuente de información sobre los usuarios suponen nuevos retos para la protección de datos. Aún así, cuando los objetivos de la recolección de estos datos tienen fines positivos y de interés para la población, puede que no nos parezca tan mal que se usen. Eso sí, quizás una mejor información sobre ello no estaría de más, para que los usuarios pudiéramos dar nuestro consentimiento o no para un estudio estadístico determinado.

En cualquier caso, si no queremos que el INE rastree nuestro móvil durante los días en que llevará a cabo su estudio, siempre podemos apagarlo completamente y dejarlo en casa durante esos días.