Protección de datos

España ante el Tribunal de Justicia por no trasponer el Derecho de la UE en materia de protección de datos

Helena
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La Comisión Europea lleva a España y a Grecia ante el Tribunal de Justicia de la UE por no trasponer las normas de la UE sobre protección de datos personales recogidas en la Directiva (UE) 2016/680 sobre la protección de datos en el ámbito penal.

Esta Directiva fue acordada por el Parlamento Europeo en abril de 2016 con la obligación de incorporarse al Derecho nacional con la fecha límite del 6 de mayo de 2018. Dado que España o bien no ha adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva, o bien no ha comunicado dichas disposiciones a la Comisión, esta entiende que no se han cumplido las obligaciones acordadas y de ahí la intervención de la Comisión.

Para España la Comisión ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se impongan sanciones financieras de una suma de 21.321 euros a tanto alzado al día desde el día posterior al vencimiento de la fecha límite del plazo establecido en la Directiva, hasta la fecha de cumplimiento por parte de España o hasta el pronunciamiento de la sentencia prevista en el artículo 260, apartado 3, del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la UE), cuyo importe mínimo a tanto alzado de 5.290.000 euros y una multa diaria de 89.548,20 euros desde el día de la primera sentencia hasta alcanzar el pleno cumplimiento o hasta la segunda sentencia del Tribunal.

Con el marco de la Carta de los Derecho Fundamentales de la UE, que considera la protección de datos personales un derecho fundamental, la Directiva tiene como objetivo garantizar el mayor nivel de protección de los datos personales, al mismo tiempo que se pretende facilitar el intercambio de datos personales entre las autoridades policiales nacionales. Ya que esta Directiva establece las normas relativas al tratamiento de datos personales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. Junto a esto, también se garantiza que los datos correspondientes a víctimas, testigos, sospechosos y autores de delitos estén debidamente protegidos en el contexto de una investigación penal.

Protección de datos para mejorar la lucha contra la delincuencia y el terrorismo

La Directiva, con estas medidas que se aplican a la forma en que las fuerzas y cuerpos de seguridad tratan los datos personales, también pretende facilitar la cooperación transfronteriza entre policía, fiscales y jueces para luchar de manera más eficaz contra la delincuencia y el terrorismo en toda Europa. De esta manera se pretende contribuir a la plena realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia.

El que España y Grecia no hayan adoptado aún esta normativa en su ordenamiento jurídico provoca un nivel protección diferente de los derechos y libertades de los ciudadanos y obstaculiza el intercambio de datos entre estos países y otros estados miembros de la UE que sí la hayan transpuesto. Esta razón es la que ha llevado a la Comisión a incoar el procedimiento de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades nacionales de estos dos países en julio de 2018 y los correspondientes dictámenes motivados en enero de 2019.

El mencionado artículo 260, apartado 3, del TFUE es el que establece la obligación de transponer las Directivas adoptadas por el legislador de la UE al Derecho nacional de cada país miembro. Si no se hace dentro del plazo dado, la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia de la UE que impongan sanciones financieras teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, la duración de la misma y el factor especial “n” (que varía en función del Estado miembro según su PIB y su número de escaños en el Parlamento Europeo).

Esta es la importancia que la Protección de Datos, y las diferentes normativas adoptadas sobre ello, tienen actualmente en el ordenamiento jurídico de la UE en general y de cada estado miembro en particular. No solo afecta a la gestión y tratamiento de los datos personales que deben hacer las empresas privadas, sino también al que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que dada la naturaleza de su función, manejan una gran cantidad de datos personales que deben estar debidamente protegidos.

Recuerda que si tu empresa maneja datos personales, tendrás que gestionar su protección, un buen asesor te podrá ayudar en esta tarea.

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