De acuerdo al sindicato UGT, solo el 15% de las grandes empresas cumple con la ley que, desde 2007, les obliga a tener confeccionado y en marcha un plan de igualdad para conseguir alcanzar de forma efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Mientras las empresas de entre 150 y 250 trabajadores se enfrentan a la cuenta atrás para tener listos sus planes de igualdad el próximo 7 de marzo, las grandes empresas españolas todavía no han cumplido enteramente con este aspecto. Así se desprende de las declaraciones de la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, quien ha señalado que “tan solo” el 15% de las 4.500 empresas que operan en España con plantillas superiores a los 250 trabajadores cumplen con la ley que les obliga desde 2007 (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo) a tener implementado un plan de igualdad.
En la pasada jornada celebrada en Oviedo, “Tus derechos, no se negocian, se cumplen”, Antoñanzas lamentaba este incumplimiento de la ley vigente y apuntaba que muchas compañías estarían recurriendo a despachos de abogados para la confección de su plan de igualdad en la empresa, algo que a su juicio debería hacerse de forma individualizada para cada empresa y puesto de trabajo y no como una suerte de estándar.
Los planes de igualdad deben ser elaborados tras una fase de diagnóstico que ponga de relieve los problemas de desigualdad existentes en la empresa, para pasar a una fase de negociación en la que se elabore una estrategia para eliminarlos
Antoñananzas recordó que el diagnóstico previo debe ser singular ante las diferencias que existentes en cada compañía, aunque estas pertenezcan al mismo sector. Precisamente, los tres básicos objetivos de la jornada organizada por UGT son la subida del salario mínimo, el registro de jornada y la implantación de planes de igualdad en las empresas.
Así mismo, Antoñanzas comentó las dificultades que están encontrando los sindicatos a la hora de que las empresas les faciliten la documentación sobre sus registros salariales; un elemento clave para poder determinar si existe brecha salarial y algo a lo que obliga a las empresas el Real Decreto de 2019, sin que por ello incumplan la ley de protección de datos, que es la excusa habitual alegada por las compañías para no entregar esta documentación.
Como la propia Antoñanzas y la vicesecretaria de recursos y empleo de UGT de Asturias, Nerea Monroy, han declarado, los sindicatos tienen un papel destacado a la hora de exigir el cumplimiento de estos derechos de los trabajadores, pero además, en materia de los planes de igualdad, son uno de los interlocutores necesarios tanto para la fase de diagnóstico del plan de igualdad como en la de negociación, implantación y seguimiento del mismo. Puesto que todos los planes de igualdad deben negociarse con los representantes de los trabajadores.
Antoñanzas ha reclamado el cumplimiento de la legalidad vigente a las empresas, además de pedir que sean vigiladas por la Inspección de Trabajo, para que esta pueda sancionar a aquellas que no cumplan con la ley.
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