Después de semanas de negociaciones, el Gobierno, patronal y sindicatos han alcanzado un primer acuerdo para la reforma del sistema de pensiones en España, que fija la subida de las pensiones al IPC, aplica nuevas normas a la jubilación anticipada, pero deja fuera de momento la cuestión relativa a la sostenibilidad del sistema.
Con este pacto alcanzado entre el Ejecutivo y los agentes sociales, se pone en marcha finalmente la reforma de las pensiones, uno de los objetivos de las políticas del Gobierno de PSOE-Unidas Podemos.
Mientras que se ha llegado a un acuerdo respecto a la revalorización anual de las pensiones y cómo quedará el sistema de jubilación anticipado, lo relativo a la sostenibilidad del sistema ha quedado sin definir más allá de la inclusión de un factor de equidad, que sustituirá al de sostenibilidad.
De manera que el factor que ligaba a las pensiones a la esperanza de vida queda derogado (estaba incluido en la reforma de 2013, pero nunca llegó a entrar en vigor) y será sustituido por otro factor, que deberán negociar ahora Gobierno y agentes sociales. El objetivo es que esté listo para noviembre.
Uno de los objetivos de la reforma del sistema de pensiones es elevar la edad real y efectiva de jubilación media en dos años, es decir, pasar de la actual de 64,5 años a los 66 años. De lograrse, para el año 2050, los españoles se jubilarían de manera efectiva a los 66,5 años.
Esa diferencia de dos años supondría, de acuerdo al Ministerio de Seguridad Social, un importante impacto en las cuentas de la Seguridad Social, permitiendo garantizar el sistema de revalorización de acuerdo al IPC.
Otro de los puntos acordados es la revalorización de las pensiones, que se hará anualmente de acuerdo y de forma exclusiva al IPC medio registrado de cada año, para garantizar así el poder adquisitivo de los pensionistas ante las subidas de precio y del coste de la vida.
En caso de que el IPC medio registrado sea negativo, las pensiones quedarían congeladas.
Dado que uno de los objetivos es aumentar la edad de jubilación, la reforma también incluye penalizaciones para las jubilaciones anticipadas voluntarias, si bien, estas se han suavizado en la mesa de diálogo. Así, el cálculo de las penalizaciones se hará por meses y en función de los años trabajados, quedando la nueva penalización, con carácter general, en un máximo del 21% y un mínimo del 2,8%.
Así tenemos la siguiente tabla:
En cuanto a la jubilación anticipada forzosa, se mejoran sus condiciones, de manera que el empleado que sea despedido por rechazar un traslado de puesto de trabajo que implique un cambio de residencia (siempre que su centro de trabajo no sea móvil o itinerante), podrá acceder a la jubilación anticipada si cumple una serie de requisitos.
Igualmente, podrán hacerlo aquellos trabajadores que sean despedidos por no aceptar la imposición de una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo.
Para esos casos se aplicarán unos coeficientes reductores por cada mes o fracción de mes que se adelante la edad legal de jubilación, que estarán entre el 0,50% de reducción por un mes de adelanto para quienes tienen cotizados 44 años y 6 meses o más del 30% de reducción aplicable si se adelanta la jubilación cuatro años, cuando se hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses.
En el caso de que la persona que se jubila anticipadamente estuviese percibiendo el subsidio de desempleo desde, al menos, tres meses antes, se aplicarán los coeficientes de reducción de la jubilación anticipada voluntaria.
El acuerdo para la reforma de las pensiones también contempla gratificaciones para quienes decidan retrasar la jubilación más allá de su edad legal. Así, estos trabajadores quedarán exentos de cotizar por contingencias comunes, con excepción de la incapacidad temporal por parte de la empresa, una vez alcancen la edad legal de jubilación.
También se concederá un pago adicional a modo de incentivo del 4%. Será una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y que premiará las carreras de cotización más largas, o una combinación de ambas opciones.
Será un pago único que estará entre un mínimo de 4.786,27 euros y un máximo de 12.060,12 euros.
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