Helena HernándezEl pasado mes de junio, el Congreso dio luz verde a la nueva Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y, si bien muchas de las medidas que se han introducido afectarán más a las empresas, los trabajadores autónomos también deben prestar atención, especialmente respecto a los cobros en efectivo.
Con la entrada en vigor de la Ley 11/2011 el pasado 10 de julio, se transpone la Directiva (UE) 2016/1164, que, entre otras, establece normas contra las prácticas de elusión fiscal y que pasan a incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico.
Se vuelve a reducir el límite para los pagos en efectivo, pero se aumenta la reducción por pronto pago de sanciones tributarias
Entre dichas normas, se reduce la cantidad permitida para recibir pagos en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros, cuando el pagador es una empresa o un profesional por cuenta propia. Esta medida afecta especialmente a los autónomos, que habitualmente reciben más pagos en efectivo.
El objetivo de esta reducción de la cuantía de pagos en efectivos es, precisamente, reducir los comportamientos defraudatorios, puesto que cualquier trabajo cuya factura supere los 1.000 euros, deberá pagarse o bien mediante transferencia bancaria, o bien mediante cheque o pagaré, estableciendo así un mayor control sobre el origen y el destino del dinero.
Los sectores más afectados
Aunque, en general, esta reducción en la cuantía de los pagos en efectivos afectará a muchos autónomos, hay sectores donde tendrá una mayor relevancia, de acuerdo con Gestha, serán la hostelería, el comercio y la construcción los sectores que se verán más afectados.
Como hemos dicho, la nueva norma establece el límite de los pagos en efectivo en los 1.000 euros, cuando una de las partes sea un profesional o un empresario. Sin embargo, este límite se coloca en los 10.000 euros (frente a los 15.000 euros anteriores), cuando el pagador sea una persona física con domicilio fiscal fuera de España y que no actúe como empresario o profesional.
Otras medidas a tener en cuenta si eres autónomo
Aparte de esta reducción en la cuantía de los pagos en efectivo la ley también introduce otras medidas que los autónomos deben tener en cuenta.
Por un lado, se aumentan las reducciones por pronto pago de las sanciones tributarias. De manera que, mientras se mantiene la reducción del 30% en las sanciones por conformidad, se aumenta hasta el 40% la reducción de la sanción prevista si esta se ingresa en plazo, pasando del 25% previo. En la práctica significa que en una multa de 2.000 euros, el autónomo que esté conforme e ingrese en plazo la sanción, podrá reducirla hasta los 1.200 euros.
También se establece una reducción en el recargo por el pago de impuestos fuera de plazo, que ahora pasa a ser un incremento del 1% por cada mes de retraso, en vez del 1% desde el primer día en que se supere la fecha límite para presentar los impuestos. Con esta medida se quiere promover la regulación de forma voluntaria.
Finalmente, el umbral de la deuda con Hacienda para entrar en la lista de morosos pasa del millón de euros a los 600.000 euros.
