El Consejo de Ministros aprobó hace unos días el Anteproyecto de Ley de Startups y nos permite conocer algunos de los puntos clave de esta normativa tan demandada por el sector.
La denominada Ley de fomento del ecosistema de Startups se ha hecho esperar, desde que en 2018 el Gobierno anunciase su intención de crear un nuevo marco legal que abordase la situación y características particulares de este tipo de empresas, han pasado tres años y varias situaciones que han ido retrasando su desarrollo.
Pero finalmente el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de esta Ley, que pasa ahora a audiencia pública.
La Ley de Startups se desarrolla para facilitar la captación del talento y la inversión de las empresas emergentes y para simplificar su gestión administrativa
La finalidad de la Ley de Startups es favorecer y facilitar la creación de este tipo de empresas, que tienen unas características diferentes a otro tipo de sociedades. Así, entre las medidas que contempla la nueva norma, está la rebaja del Impuesto de Sociedades y de la Renta de las Personas no Residentes del 25% al 15%, durante un plazo máximo de cuatro años.
La medida tiene como objetivo reducir la carga fiscal que soportan las empresas durante sus primeros años de vida, ya que las startups necesitan destinar la mayor parte de sus recursos al desarrollo de su proyecto, crecer y captar mercado.
La Ley también contempla el aplazamiento de deudas tributarias y favorecer el uso de stock options como medio de retribución de los empleados de este tipo de empresas, para lo que amplía la exención actual de 12.000 euros a 45.000 euros.
Otra de las medidas está encaminada a fomentar la inversión privada en I+D+i, para lo que se eleva al 40% la base máxima de deducción para quienes realicen inversiones en empresas de nueva o creciente creación, hasta los 100.000 euros.
Con el objetivo de atraer el talento internacional, la Ley dará facilidades a aquellos trabajadores extranjeros que decidan instalarse en España y teletrabajar desde aquí. Para tal fin, se creará un nuevo tipo de visado destinado a teletrabajadores o nómadas digitales y se reducirán los requisitos para acceder al Impuesto de Renta de Personas no Residentes.
Las startups también se beneficiarán de una simplificación de los trámites burocráticos; se elimina la obligación de los pagos fraccionados en los impuestos de Sociedades y No Residentes y la obligación de obtener el Número de Identificación de No Residentes para inversores extranjeros.
También se impulsarán los llamados «sandbox regulatorios», entornos de prueba destinados a facilitar la incorporación de nuevos modelos de negocio que no encajan en la legislación actual.
Finalmente, a través de esta Ley el Gobierno quiere fomentar la colaboración entre empresas y startups y entre centros de investigación y universidades. Así como fomentar «el uso de la compra pública innovadora».
La cada vez más cercana Ley de Startups define los parámetros que se deben cumplir para que una empresa sea considerada una startup.
En concreto, deberá tener menos de cinco años de existencia (siete para las empresas dedicadas a la biotecnología o la industria), tener su sede social y más de la mitad de sus trabajadores en España y no estar cotizada o haber repartido dividendos. Finalmente, su facturación debe ser inferior a cinco millones de euros anuales.
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