Helena HernándezLos 100.000 millones que conforman los avales dispuestos por el Gobierno entre las medidas para hacer frente a los efectos negativos del coronavirus en la economía, podrán emplearse para pagar facturas, nóminas o impuestos por parte de aquellas empresas y autónomos que sean beneficiarios de los mismos.
El pasado martes 17 de marzo, el Gobierno anunció otro paquete de medidas para paliar los efectos del Covid-19 sobre la economía española, y la medida estrella fue la movilización de 117.000 millones de euros públicos, la mayor movilización de recursos de la historia del país. De esa cantidad, 100.000 millones lo conforman avales cuyo objetivo es garantizar la liquidez de empresas y autónomos.
Aunque todavía está por conocerse el detalle de las condiciones de financiación que permiten obtener y si servirán para movilizar los 83.000 millones privados restantes, en el BOE ya se puede ver algo más clara la utilidad y condiciones de estas garantías públicas.
Avales destinados a renovar préstamos, hacer frente a pago de facturas, nóminas o impuestos y, en esencia, dar liquidez a empresas y autónomos
En busca de la liquidez para combatir los efectos del coronavirus en la economía
De acuerdo a lo publicado en el BOE, los avales públicos servirán para cubrir la renovación de préstamos qua ya existieran, así como lograr nueva financiación concedida por “entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos”.
Estos créditos podrán servir a empresas y autónomos para hacer frente al pago de facturas, resolver necesidad de circulante u otras exigencias de liquidez, como el pago de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias o nóminas. El objetivo de estos avales, es también, “facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del Covid-19”.
Las condiciones aún están pendientes
Fuentes oficiales reconocen que se ha pedido colaboración a la banca para poder hacer efectiva esta medida, sin embargo, la articulación en préstamos y las condiciones de los mismos sigue estando pendiente. El BOE avanza que será el Consejo de Ministros el que establecerá las condiciones y requisitos aplicables para que la línea esté operativa lo antes posible.
Por el momento, como respaldo a esta medida, se ha ampliado la capacidad de endeudamiento neto del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en la Ley de Presupuesto del Estado en 10.000 millones de euros.
Con esta ampliación se pretende “facilitar inmediatamente liquidez adicional a las empresas, especialmente a las pymes y a los autónomos, a través de las Líneas ICO de financiación ya existentes”
De forma paralela a esto, durante seis meses y con carácter extraordinario, el decreto publicado autoriza la creación de una línea de cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización para créditos circulantes de las compañías exportadoras. Para poder acceder no será necesario demostrar una relación directa con contratos internacionales, pero las necesidades de financiación deben ser consecuencia del coronavirus y no de carácter previo.
De esta medida, en principio se beneficiarán las pymes, pero también podrán hacerlo compañías más grandes, siempre que no sean cotizadas, estén internacionalizadas o en proceso de hacerlo. Para ello, la actividad internacional debe suponer al menos un tercio de su cifra de negocios o ser exportadores regulares durante los últimos cuatro años.
Julia Fernández