Aprobadas el pasado viernes 12 de marzo, el Gobierno destinará ayudas directas de entre 3.000 y 200.000 euros a empresas y autónomos que acrediten haber perdido el 30% de sus ingresos en 2020.
Que la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 ha causado un impacto en la gran mayoría de empresas y autónomos de España es un hecho que nadie pone en duda. Por ello, tanto unos como otros, a través de los agentes sociales y la patronal, venían reclamando la concesión de ayudas directas al Gobierno, que finalmente destinará 7.000 millones de euros a estas ayudas.
En concreto, el plan de ayudas aprobado por el Consejo de Ministros está dotado de 11.000 millones de euros, de los cuales, los otros 4.000 millones irán destinado a la reestructuración de deuda de las empresas. Así, los fondos que se reciban deben ir destinados a pagar gastos fijos y deudas.
Los autónomos que tributen por estimación objetiva podrán recibir hasta 3.000 euros, mientras que para el resto, las ayudas estarán entre los 4.000 y los 200.000 euros
El fondo de ayudas de directas a autónomos y empresas se dividirá en dos líneas; por un lado, 5.000 millones de euros se repartirán para todas las comunidades y ciudades autónomas, y por otro lado, 2.000 millones de euros irán para Canarias y Baleares.
Estas ayudas están destinadas a casi 100 subsectores dentro de actividades económicas especialmente afectadas por la crisis provocada por la pandemia, como la hostelería, la restauración, el comercio mayorista y minorista, sectores auxiliares o relacionados con la cultura.
Dependiendo de la situación de cada autónomo y empresa, el importe en concepto de ayuda directa recibido variará, como ya hemos señalado, entre los 3.000 y los 200.000 euros. El importe de estas ayudará podrá alcanzar un máximo del 40% de la caída de ingresos sufrida por micropymes y autónomos en 2020, y a un 20% para el resto de empresas.
Estas ayudas son de carácter finalista, es decir, autónomos y empresas solo podrán destinarlas al pago de deudas contraídas desde marzo de 2020, pago a proveedores, suministros, salarios, arrendamiento o deuda financiera.
Además, su concesión queda ligada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, la prohibición de reparto de dividendos o el aumento de las retribuciones de los cargos directivos. Así mismo, los solicitantes deben estar al día del pago de sus obligaciones tributarias y no operar en paraísos fiscales.
Las encargadas de gestionar las ayudas serán las comunidades autónomas y el reparto de fondos se hará siguiendo los criterios utilizados para el fondo React-EU, es decir, el impacto de la pandemia en la riqueza de las CCAA, el impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil.
El Gobierno tendrá un mes y 10 días para formalizar la orden de reparto de los 7.000 millones de euros para las CCAA y la firma de convenios con ellas para formalizar la transferencia.
Como decíamos, 4.000 millones de euros se destinarán a la reestructuración de la deuda de las empresas. De estos, 3.000 millones irán para reestructuraciones de deuda avalada. Las entidades financieras y el ICO serán los encargados de coordinarlo, con la posibilidad de que este último lleve a cabo la asunción de quitas.
Mientras que los 1.000 millones restantes se emplearán para reforzar la solvencia de empresas, de forma similar al fondo de rescate gestionado por la SEPI para ayudar a compañías estratégicas. Este fondo lo gestionará la empresa pública Cofides y tiene como fin recapitalizar pymes.
Si piensas que tu empresa o tu negocio puede solicitar una de estas ayudas, te recomendamos que te pongas en contacto con un buen asesor.
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